Esta noticia del día de hoy en La Nación, dice como la Sala Constitucional tomó la desición de suspender los cobros de las multas impugnadas por exeder límites de velocidad, incluyendo aquellos que se realizaron con las cámaras de vigilancia ubicados en seis diferentes puntos de las carreteras nacionales. Esto resulta dos recursos de inconstitucionalidad que presentaron dos personas ante la Sala, quienes alegan que con estas sumas tan altas de dinero cobradas se irrespetan ciertas leyes de la Ley de Tránsito.
Este caso, como el de muchos otros en nuestro país, refleja la falta de una verdadera planificación por parte del gobierno y entidades aliadas a la hora de realizar tan costosas inversiones que afectarán de manera directa a gran parte de los costarricenses. Parece que falta mucha coordinación entre las instituciones del estado para que luego no se presenten estas discrepancias ya una vez que el proyecto está en función. Los errores que presentan las cámaras de vigilancia no se tenían contemplados y ahora vienen a salir a la luz, necesitándose ciertos cambios y ajustes para que se logre el propósito de manera justa.
Ahunado a ello, tenemos los ticos la mala costumbre de cuestionar y discutir todos los proyectos del gobierno para mejorar ciertas áreas y criticamos sin aportar ideas para la mejora, lo que provoca la pérdida de confianza en el gobierno. Ojalá que esta iniciativa que aunque no lo parezca busca el bienestar social, logre salir adelante con los ajustes necesarios y cumpla con su cometido inicial: dar un poco más de seguridad a las carreteras.
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